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Expertos chilenos en el extranjero y en el país debaten sobre el proyecto de ley que creará la Agencia Nacional de Protección Civil

Los especialistas se movilizan y hacen una serie de recomendaciones que esperan los legisladores tomen en consideración antes de promulgar la ley.

Si se coloca “Agencia Nacional de Protección Civil” en el poderoso buscador de noticias Google, en realidad bien pocos artículos aparecen. Este organismo, según reza la web del Senado, “será la encargada de coordinar y ejecutar las acciones de prevención de emergencias y protección civil, y asesorará a las autoridades en las labores de planificación y coordinación de emergencias, en la forma y en los casos señalados en esta Ley y en su reglamento”. Un tema no menor en un país donde emergencias como mega-terremotos suceden mucho más a menudo que en cualquier otro rincón del planeta: tres en los últimos cinco años siete meses.

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Vicente Sandoval, coordinador general de la Red de Investigadores y Estudiantes Chilenos en el Reino Unido (REUK).

En efecto, en el congreso se encuentra un proyecto de Ley que establece el “Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil”.  “Chile está en un momento histórico en que se discute la nueva ley sobre gestión de riesgos y emergencias que nos regirá por los próximos 10, 20 años o más, y creemos que no se ha dado un debate público, ciudadano y democrático suficiente al respecto”, comenta Vicente Sandoval, coordinador general de la Red de Investigadores y Estudiantes Chilenos en el Reino Unido (REUK) y organizador de una mesa de discusión que reunió en agosto a un grupo de especialistas e investigadores chilenos trabajando en Alemania, Reino Unido y Chile para conversar sobre esta nueva institucionalidad. Sandoval, coordinó una experiencia similar el año pasado tras el incendio en Valparaíso.

El objetivo de la mesa redonda, organizada por la Sociedad Chilena del University College London (UCL, Reino Unido), fue generar un documento con observaciones y recomendaciones al proyecto de ley que originalmente fue presentado por el entonces presidente Sebastián Piñera tras el 27F y que luego recibió por parte de la presidenta Michelle Bachelet en 2014 la indicación sustitutiva.

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Cristóbal Mena, asesor de la Comisión de Gobierno del Senado de Chile en proyecto de ley sobre gestión de riesgo y emergencias.


En la mesa participaron Sandoval, estudiante de doctorado en Filosofía en Planificación del Desarrollo del UCL, donde investiga las causas de fondo de los desastres y la vulnerabilidad; el politólogo Cristóbal Mena, asesor de la Comisión de Gobierno del Senado de Chile en proyecto de ley sobre gestión de riesgo y emergencias; y la abogada  Daniela Ejsmentewicz, directora del programa de Derecho y Desastres y miembro de la cátedra interdisciplinaria de riesgos socionaturales de la Universidad de Chile, además de asesora legal en los procesos de reconstrucción tras el 27/F, el terremoto de Norte Grande, del incendio de Valparaíso y las lluvias del Norte Chico.

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Claudia González-Muzzio, especialista en problemáticas de riesgos, medioambiente, desarrollo sustentable y patrimonio.

También formaron parte de la actividad las arquitectas Claudia González-Muzzio, especialista en problemáticas de riesgos, medioambiente, desarrollo sustentable y patrimonio y  Elizabeth Wagemann, estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) donde estudia soluciones de vivienda post-desastre.

Si bien todos los participantes “concuerdan que este proyecto de ley es un avance significativo en materia de gestión de emergencias y desastres, el cual por un lado establece con mayor claridad el rol de un servicio nacional en estas materias y por otro redobla los esfuerzos institucionales (interministeriales y sectoriales) para manejar de manera más eficiente y eficaz futuras emergencias y desastres”, según dice el propio documento, dan cuenta de una serie de aspectos que podrían ser mejorados.

Una de las primeras críticas es el propio nombre ‘protección civil’ que “en general se refiere a la seguridad civil para diferenciarla de las actividades de seguridad de las fuerzas armadas y de orden. Sin embargo, y esta es una acepción made-in-Chile, Protección Civil se relaciona históricamente a las actividades e instituciones de emergencias y respuesta, como son primeros auxilios, rescate, refugios de emergencia y evacuaciones”, puntualiza Sandoval. Y agrega: “En muchas otras partes  se refiere sólo a la emergencia, por lo que actividades como la preparación y prevención de nuevos riesgos, o la reducción de la vulnerabilidad y la exposición a riesgos, no es casi considerada”. Y es justamente este último enfoque que no quedó del todo manifiesto en el nuevo proyecto de ley.

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Daniela Ejsmentewicz, directora del programa de Derecho y Desastres y miembro de la cátedra interdisciplinaria de riesgos socionaturales de la Universidad de Chile.

Según explican los especialistas en el documento, durante las indicaciones del actual Gobierno al proyecto de ley se enfrentaron dos visiones contrapuesta: “Una más tradicional con una clara línea de continuar lo que se ha venido haciendo hasta ahora, es decir, más reactiva y enfocada a la emergencia y respuesta, y otra línea que ve el sistema como una gestión integrada (prevención, respuesta, y recuperación a largo plazo) de los riesgos y las emergencia. Pese que se hicieron esfuerzos para conciliar ambas líneas, algunos aspectos quedaron… inconclusos”.

“En teoría, según la ley, un accidente de tránsito y el impacto de un terremoto pueden entenderse como lo mismo, una ‘emergencia’, que es una situación que requiere una rápida respuesta. Un desastres es en sí una emergencia porque requiere una rápida respuesta, sin embargo ésta es mayor en escala, lo que requiere una respuesta más amplia, planificada, de coordinación entre diferentes actores e instituciones, y también individuos”, explica Sandoval citando a Mena.

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Elizabeth Wagemann, estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Y añade: “Aunque conceptualmente pueden estar muy ligadas, una emergencia y un desastre son muy diferentes en la práctica. Y la práctica es la que hace la diferencia en un sistema de gestión de riesgos y emergencias eficiente”. Por eso recomiendan generar un apartado o artículo en la ley que entregue definiciones de conceptos relevantes, como desastres, emergencias, riesgo, vulnerabilidad.

Otro de los temas que critican, especialmente la arquitecta González-Muzzio, es que Chile no cuenta con mapas de riesgos, sino que solamente con mapas de amenazas, como volcanes, laderas y terremotos. “El riesgo se define, de una forma simplista pero efectiva, como el resultado de la relación entre una amenaza y la vulnerabilidad: Riesgo o desastre (RD)= Vulnerabilidad (V) x Amenaza (A)”, acota Sandoval. En ese sentido, falta contar con mayor información sobre la vulnerabiidad que se debe totalmente “a factores sociales, económicos y políticos, como pobreza, marginalidad y falta de conocimientos”, añade.

“Lamentablemente, este proyecto de ley se generó sin una estrategia de debate público en donde las voces de los diferentes sectores de la sociedad estuvieran contempladas, por el contrario, es ahora -y con escasa mediatización e interés por parte de los políticos por abrir el debate-, en sus últimas etapas legislativas, cuando algunas comunidades, como la de expertos y académicos, comienzan a conocer del proyecto y su avance, quizás muy tarde”, finaliza Sandoval. windows online